Espléndido análisis del periodista Santiago González sobre la corrupción en España que ha publicado, hoy 11 de marzo de 2015 en su blog. Reproduzco íntegramente por su interés este texto.

La Corrupción en España, más ácida y aguda

Buenos días. Quiero agradecer a Paco Sánchez y al CEU su invitación a participar en esta mesa redonda sobre un asunto, y a todos ustedes su asistencia.

Consideramos la corrupción de importancia capital en el presente y para el futuro de la democracia española.

Haré una. primera afirmación: los peligros mayores para toda democracia se agrupan en un tropo gramatical: la sinécdoque, que consiste en tomar la parte por el todo, o, lo que viene a ser lo mismo, confundir lo público con lo privado.

Esto, en términos generales y en lo que se refiere a la economía, lleva a la corrupción. Si estamos hablando de asuntos relacionados con posiciones ideológicas, políticas o credos religiosos, es una vía que lleva irremediablemente al totalitarismo. La religión es un asunto que pertence a la esfera privada de los individuos. La irrupción del Estado ahí, ya sean las repúblicas islamistas que decretan la religion obligatoria o algunos países comunistas, piensen en Albania que decretan la oficialidad del ateísmo solo pueden tomar forma como estados totalitarios.

Pienso afrontar mi exposición a partir de los escenarios y los actores que definen este drama.

LA POLÍTICA

La corrupción es comportamiento transversal en España, recorre todo el arco parlamentario de derecha a izquierda. Pero además es vertical. Por decirlo con una imagen de Zorrilla: “Desde la altiva princesa/ a la que pesca en ruin barca”. A los palacios subió y a las cabañas bajó. Vale decir desde la jefatura del Estado o sus aledaños familiares hasta un modesto o una modesta concejal de pueblo.

No nos remontemos a Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador de Juan Carlos I durante 20 años. La propia hija del Rey y su marido se hallan procesados por delitos como malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales, así como el de blanqueo de capitales. No diré más.

Realmente estamos llegando a unos niveles muy altos de presencia de la corrupción en la vida pública. ¿Los más altos de Europa? No me atrevería yo a decir tanto. Francia ha sido el modelo para la corrupción española desde el comienzo de la democracia. Sólo me referiré a la corrupción en democracia, en tanto que violaciones de unas reglas del juego que buscan la limpieza. Las dictaduras son corrupción en sí mismas.

La corrupción en democracia, en un régimen de libertades y de partidos políticos, suele estar relacionada con la financiación de estos últimos. El argumento es siempre el mismo y es universal: Su financiación es, por definición, insuficiente. Está el coste ordinario, pero sobre todo, las campañas electorales que obligan a buscar una financiación suplementaria en fuentes financieras no convencionales. No importa que se aumente la financiación de los partidos, ni en qué proporción. La corrupción no desaparecerá, porque de lo que de verdad se trata es de sacar ventaja respecto al adversario y para eso siemptre hará falta más dinero para hacer campañas más caras y contratar más medios, más spots, más apariuciones en TV.

La corrupción es un concepto impreciso dentro del cual, además de los delitos citados al hablñar de la Infanta Cristina y su marido, pueden encontrar acomodo actividades tan dispares como el narcotráfico, la economía de la prostitución y la trata de personas, el tráfico de órganos humanos, trafico ilegal de armas y la financiación del terrorismo por citar casos no convencionales.

Hay autores que establecen diferencias notables respecto a la moralidad sobre la corrupción, según cual sea la religión mayoritaria, católica o protestante, practicada por los nacionales. Concluyen que los países católicos del sur de Europa son de moral mucho más laxa que los estrictos protestantes nórdicos.

Tiendo a estar de acuerdo, ahora lo explicaré. Nuestra corrupción tenía influencia francesa. El diputado socialista francés, Henri Emmanuelli, todopoderoso tesorero del PSF, organizó la sociedad URBA como mecanismo de recaudación para subvenir las necesidades del Partido Socialista Francés. Urba se encargaba de facturar a empresas por informes ficticios.

Esta fue la inspiración del primer gran caso de corrupción ligado a la financiación de partidos en España. En 1989 estalló el caso Filesa, al descubrirse que el PSOE había creado una trama de empresas: Filesa, Malesa y Time Export, que habían facturado al Banco de Vizcaya por informes no realizados con el fin de pagar los gastos de campaña electoral del partido.

La moral judeocristiana tiene estas cosas. El presidente del Banco de Vizcaya se preguntaba: ¿Qué dirían la competencia bancaria y la derecha política si se sabía que uno de los grandes bancos financiaba al Partido Socialista? Por parte de los receptores había también su dificultad: ¿Cómo interpretarían Izquierda Unida y los sindicatos la idea de que al PSOE lo financiaba un banco? Entonces llegan a encontrar un truco: yo hago como que te hago unos informes que en realidad no te hago y tú me pagas como si te los hubiera hecho y fueran de utilidad.

En Estados Unidos, un asunto como este no tendría mayor misterio. Un banco o una gran corporación decide que el programa de uno de los dos partidos conviene más a sus intereses. Entonces, hace una aportación a la campaña del candidato y el partido beneficiado organiza una cena pública en la que se cita el nombre del mecenas y la cantidad que aporta a la campaña. El citado se levanta para saludar a la afición y esta aplaude hasta enronquecer, como escribió un inolvidable cronista deportivo del diario Vasco. Eso es todo. O casi.

Nos hemos escandalizado justamente con el caso Bankia y sus derivados, hasta el más reciente de las tarjetas Black. La gangrena está mucho más extendida de lo que parece. Francia conoció en los años 90 un caso incomparablemente mayor en términos cuantitativos: el caso del Crédit Lyonnais, participado mayoritariamente por el Estado. Voy a leer un párrafo de autoridad. Pertenece a Diario de Fin de Siglo, escrito por Jean François Revel a lo largo de 2000.

Domingo, 30 de abril. Escribe sobre Jean-Claude Trichet, a quien hemos conocido como presidente del BCE, y que había sido director del Tesoro: Se encargaba de controlar la gestión y los balances de las empresas en las que el Estado era accionista,

“como era el caso del Crédit Lyonnais, cuando los estafadores mitterrandistas desvalijaban impunemente ese banco nacional. Sin embargo, según el juez, Trichet confirmaba los balances trucados y las cuentas falsificadas que permitieron disimular durante años los robos cometidos por el Lyonnais en menoscabo del conjunto de los ciudadanos franceses.

En el entorno de Trichet constestan que el director del Tesoro no podía verificar en detalle las cuentas de todas las empresas en las que el Estado era accionista. Las operaciones del Lyonnais suponían un fraude de ¡2 billones al año!” (p. 131)

Trichet fue absuelto en 2003. Como lo sería aquí llegado el caso el Gobernador del Banco de España con el que sucedió lo de Bankia. Ese mismo año, Crédit Lyonnais fue absorbido por Crédit Agricole. Aquí, el arte de la corrupción estaba entonces en sus balbuceos. Aquel mismo año de FILESA, había estallado en el Partido Popular el caso Naseiro, un caso de corrupción que vino a quedar en nada judicialmente hablando. Fueron procesados dos tesoreros: el diputado valenciano Angel Sanchís y su sucesor, Rosendo Naseiro. El proceso fue archivado por el Tribunal Supremo por defectos formales: las escuchas estaban autorizadas única y exclusivamente para el delito de narcotráfico en el que se investigaba a Rafael Palop.

LOS PARTIDOS

Hablemos de los partidos como agentes. Hace tres semanas todos los periódicos de España abrían sus portadas con fotos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la noticia de que ambos habían sido imputados por el Tribunal Supremo en el caso de los EREs.

Unos días antes, el número dos del PSOE, César Luena, compareció en súbita rueda de prensa convocada para anunciar la destitución de la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid. Y dijo Luena que la imagen pública del PSM corría riesgo de deterioro como consecuencia de las investigaciones acerca del sobrecoste del tranvía de Parla, así como aspectos de la operación Púnica que afectaron tanto al PP, como al PSOE, incluso a IU, cuyo único concejal se hizo cargo de Obras Públicas.

Es muy notable que una semana después, la citación por el Tribunal Supremo en calidad de imputados, estos sí, de los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía, los mismos socialistas que habían jaleado la destitución de Gómez se pusieron exquisitos a distinguir entre imputaciones e imputaciones para hacer coincidir la imputación descalificatoria con la apertura del juicio oral.

Parece demostrado que el PSOE no mantiene los mismos criterios para Chaves que para Tomás Gómez. Naturalmente, el PP no tiene mayor coherencia: El mismo día en que el Supremo imputó a los dos expresidentes del PSOE, se pusieron muy severos. Reclamaron por varios portavoces a Pedro Sánchez y a Susana Díaz que exigieran a Chaves y a Griñán sus actas de senador y diputado. Sin embargo, ellos no han hecho nada parecido con el presidente de Melilla, el senador Juan José Imbroda, imputado por un presunto delito de prevaricación en las mismas fechas. La semana pasada, el ministro de Justicia estableció su regla móvil: no había motivo para que Ignacio González no encabezase una lista y lo mismo opinó de otros populares que sí estaban imputados, como León de la Riva, Imbroda y el vicealcalde de Valencia, Grau.

El gran problema es que no hay en los partidos voluntad regeneradora. La corrupción es sólo una herramienta para agredir al contrincante. Los políticos del PSOE acusan al PP por el caso Gürtel y el PP acusa al PSOE por los EREs y la Formación, y los dos tienen razón. Ninguno de los dos se aplica a erradicar la corrupción propia. Hay un caso especial con la irrupción de Podemos, un partido radicalmente antisistema y regeneracionista. El problema es que sin haber tocado pelo ya les han salido a sus principales dirigentes casos de corrupción que les afectan. El famoso contrato con Venezuela de Monedero es una aplicación de libro del procedimiento Urba-Filesa.

No podríamos dejar al margen a los agentes sociales: patronal y sindicatos. El penúltimo presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, cumple condena por fraude fiscal, por no hablar del número de sindicalistas, CCOO y UGT, encausados por la juez Alaya en el sumario de los EREs, en el de los cursos de Formación y en el caso de las tarjetas black. Recuerden el nombre de José Angel Fernández Villa, el líder histórico del SOMA-UGT y protagonista principal de los actos con los que Zapatero inauguraba el curso del Gobierno en Rodiezmo los primeros domingos de septiembre. En 2012 se acogió a la amnistía fiscal de Montoro, llevando al banco 1millón 400.000 euros en billetes.

Al llegar a este punto es preciso citar a dos actores importantes de este drama: la Justicia y el Periodismo.

LA JUSTICIA

La Justicia española es manifiestamente mejorable en todos los aspectos y en la lucha contra la corrupción también, naturalmente. Uno de los supuestos de la democracia, la separación de poderes de Montesquieu, fue cuarteada en enero de 1985, con la Ley del Poder Judicial, en la que se amputa la representación de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial para ampliar la representación de los partidos políticos.

Desde entonces hemos asistido a no pocos asuntos en los que el periodismo clasificaba a los jueces con los mismos criterios que a las fuerzas políticas en el Parlamento: la mayoría progresista, la mayoría conservadora, escribíamos, prejuzgando el sentido de la resolución en función de cuantos jueces hubiera de cada camada. La mayoría cambiaba con los cambios del poder político, esa era la cuestión.

Y acertábamos, esa era la desgracia. En los años 90, el juez Luis Manglano había ordenado escuchas al concejal Salvador Palop a cuyo hermano investigaba por narcotráfico y las conversaciones del concejal revelaron un caso de corrupción que llevó al juez al procesamiento de dos tesoreros del PP. Manglano era un hombre de manifiestas simpatías por IU y no tuvo en cuenta que no podía usar el fruto de aquellas escuchas para otro fin procesal que para el que habían sido solicitadas.

El aparato de agit-prop del PP acuñó con fortuna el mantra de que no era el caso Naseiro, sino el caso Manglano. Había una cuestión de interés en el asunto: si bien en el plano judicial las pruebas carecían de valor, no era así en el campo de la credibilidad ante la opinión pública. Allí estaban los protagonistas con sus voces, diciendo cosas como: “yo estoy en política para forrarme”, frese que se atribuyó a Zaplana, pero que en realidad pronunció el secretario general del PP en Valencia, Vicente Sanz.

Cómo no referirse en este punto al juez Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo como consecuencia de su intervención en el caso Gürtel, al autorizar la intervención de las comunicaciones de los procesados del caso con sus defensas. La cuestión era sencilla. El artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria dice:

“Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.”

La conjunción ‘y’ es copulativa y en su lugar, el ex juez leyó ‘o’ que es disyuntiva. En consecuencia creyó que bastaba uno de los dos requisitos en vez de ser necesaria la concurrencia de los dos. No bastaba sólo la orden del juez, tenía que ser en casos de terrorismo, en los que muy frecuentemente los abogados defensores comparten los objetivos de sus defendidos. Esa connivencia no se da en otros delitos y era imposible sostenerla racionalmente en el caso Gürtel: los procesados habían contratado a penalistas muy destacados entre los más brillantes e España como Choclán y Rodríguez Mourullo, podían permitírselo.

Garzón ha sido en España el prototipo de los jueces estrella; el caso Gürtel, que acabó con su carrera iba acompañado por otros dos en los que había grandes posibilidades de que hubiera cometido prevaricación: el de las fosas del franquismo y el del patrocinio de sus cursos en Nueva York por el Banco de Santander, a la vuelta de los cuales archivó la causa contra su Lorenzo de Médicis. María Peral, que es una de las grandes periodistas de España en el mundo judicial destapó toda aquella historia con las impresionantes cartas de Garzón a su patrocinador, al que llamaba “querido Emilio” y que iban firmadas como ‘magistrado juez’ para que nadie se despistara.

El juez Pasqual Estevill accedió a la magistratura por el 4º turno en 1990. Cuatro años más tarde era nombrado miembro del Consejo General del poder Judicial a propuesta de CiU. Sólo dos años después fue condenado a seis años de inhabilitación por los delitos de prevaricación continuada y detenciones ilegales. En 2005 fue condenado a nueve años de prisión por cohecho, extorsión, prevaricación y detenciones ilegales. En tanto que juez extorsionaba a sus víctimas amenazándoles con la prisión preventiva, aplicándoles un concepto personal y privado de la fianza para eludir la prisión provisional. Detrás de cada caso de corrupción, recuérdenlo, hay una confusión del ámbito público con el privado.

Recientemente hemos conocido la sentencia que inhabilita al juez Santiago Vidal por haber redactado una constitución para la independencia de Cataluña.

La juez Alaya es una patética expresión de la justicia desbordada por la cantidad de material acumulado y de ese principio que dice que la Justicia cuando no se aplica en el tiempo adecuado deja de serlo..

EL PERIODISMO

La corrupción es un gran asunto para el periodismo: permite un relato, investigación y un cierto morbo popular. Nada habría que objetar a ello si el periodismo no transgrediera tan a menudo las reglas del oficio. El problema no es sólo que difieran en sus valoraciones de las realidades que cuentan. El gran problema es las realidades que cuentan son a menudo muy diferentes. Basta para comprobar esto comparar las portadas de dos diarios como El País y El Mundo, o El País y ABC, o La Razón con cualquier otro o los dos diarios de Barcelona con todos los demás.

Un día de 2006, El País y ABC llevaban a sus portadas dos noticias de presunta corrupción. La de El País daba cuenta de que un tío materno de Esperanza Aguirre había ganado dos millones de euros en una recalificación de terrenos. La primera de ABC daba cuenta de un asunto que todavía permanece en duermevela en los pasillos de los juzgados: la recalificación de terrenos que dos alcaldes consecutivos de Ciempozuelos hicieron y en la que ganaron 40 millones de euros.

Era muy difícil leer que los dos diarios citados coincidieran en una denuncia de corrupción. De hecho, durante bastante tiempo, las páginas de corrupción de El País llevaban un marbete, cintillo se dice en términos periodísticos, que anunciaba muy eexplícito: ‘La corrupción que afecta al PP’.

No quiero que parezca que trato de hurtar del análisis a El Mundo, el periódico en el que escribo, pero creo no pecar de tendencioso si digo que EL Mundo no ha tenido inconveniente en sacudir a derecha e izquierda, a tirios y a troyanos. Debo decir en el plano personal que algunos días me gusta vestir la camiseta y algunos otros, como cuando sacamos la inexistente cuenta suiza del alcalde de Barcelona, o con la media docena de portadas del ático de González, no tanto.

Arcadi Espada se tomó la molestia de contar las portadas de El País dedicadas a los trajes de Camps. Eran 126 para un delito que muy probablemente no debería figurar en el Código Penal: el delito de cohecho pasivo impropio por un total de 3.300 euros, la cuarta parte de la beca impropia de Errejón.

El BUEN PUEBLO ESPAÑOL

El buen pueblo español está harto de la corrupción, según encuestas. Pero hasta la fecha no ha dejado rastro en su intención de voto. Un par de anécdotas. La víspera de Nochebuena de 1993, coincidí en el hotel López de Haro de Bilbao con el banquero Alfredo Sáenz y con un amigo común, que era el director del hotel. Nos sentamos a tomar una copa y charlamos sobre algunas cuestiones de actualidad. Una de ellas era la difícil posición que tenía Mario Conde al frente de Banesto. Uno de los presentes opinó que las dotes de Conde para la Comunicación habían compensado la falta de solidez en su gestión. Sáenz dijo entonces: Pues esas dotes, puro humo, son lo más sólido que tiene hoy el presidente del Banesto en el banco.

Cinco días más tarde, el día de los inocentes, el Banco de España intervenía Banesto, y destituía a todo su Consejo de Administración de su presidente para abajo. La razón aducida por el regulador fue un agujero patrimonial de 600.000 millones de pesetas. Aquel mismo día, el Banco de España nombraba presidente de Banesto a Alfredo Sáenz Abad, que 16 años más tarde, lo que son las cosas, fue condenado a seis meses de prisión por denuncia falsa en tanto que presidente de Banesto. Pero esa, como diría Moustache, el barman de Irma La Dulce, “es otra historia”.

Aquel mismo año en que se intervino Banesto, el 29 o el 30 de diciembre, la cadena Tele-5 emitió una gala que llevaba por nombre ‘Queridísimos 93’, donde se iban a conceder premios a los mejores del año en distintas disciplinas. El jurado había sido toda la audiencia de la cadena amiga. Y por votación de los televidentes, el ‘Queridísimo español’ en ‘Política’, fue Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella y el ‘Queridísimo español’ en Economía fue Mario Conde, presidente de Banesto, que no asistió a recoger el premio por razones fácilmente comprensibles.

Unos años más tarde, ya fallecido Gil y Gil, tras la operación Malaya en el Ayuntamiento de Marbella, que se saldó con cerca de un centenar de detenidos en su primera fase y la incautación de 2.600 millones de euros. Los marbellíes se echaron a la calle en número de 15.000 para expresar su ira. No se sabe bien por qué. En vida de Gil, no hubo una sola protesta por su gestión escandalosa, por aquellos obscenos y esperpénticos espectáculos televisivos de los sábados en que actuaba en plan morsa desde una bañera gigante rodeado de modelos en bikini. O con su caballo, como un Calígula de pueblo. Él había hecho apología de la corrupción. C16 en 1979, declaración: yo les digo a los constructores: El PGOU no tolera construir más de ocho alturas. Yo te digo: tú construye doce, dos para ti y dos para mí. El buen pueblo de Marbella le regaló tres mayorías absolutas consecutivas.

Para saber de dónde venimos, me van a permitir terminar con otra anécdota que revela categoría: Hace casi treinta años, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, requirió los servicios de un fontanero para una obra en su casa. Realizado el encargo y llegada la hora del pago, el profesional miró a su cliente y le preguntó: “¿con o sin IVA?”

FUENTE DEL TEXTO:

EL BLOG DE SANTIAGO GONZÁLEZ.